Movimiento Ciudadano de


REACTIVACION


Obras Públicas con Fondos y Riesgo Privados  - Por Daniel Grinstein - (Para El Cronista)

La promoción de obras públicas a ser financiadas por el sector privado es un recurso a echar mano en estas circunstancias a fin de crear empleos sin generar déficit en las cuentas del Estado. De lo que se trata es de crear un marco adecuado para que se multiplique el interés del sector privado en encarar nuevas obras en estos momentos de dificultades en el campo laboral. En este sentido, se puede enfocar el problema dividiendo las obras públicas en tres categorías: 1) obras “peajeables”, 2) obras “contrimejorables” y 3) obras “impuestables”. En lo que sigue procuraré explicar a qué me refiero con estas tres categorías y qué propuesta hago para cada una de ellas.

            1) Obras “peajeables”: se incluyen aquí todas aquellas obras públicas que son :a) útiles para la sociedad, b) económicamente rentables, c) financiables por una empresa privada y d) que al terminarse la obra, la empresa privada que la encare y financie puede recuperar su inversión a través del cobro de un peaje, precio o tarifa a quien use el bien o servicio a producir por la obra. Lo que puede hacer el Estado (nacional, provincial y municipal) en este caso, es hacer un minucioso repaso de todos los proyectos de obras públicas postergados, indentificar los “peajeables” y convocar rápidamente a licitación para construir nuevos caminos (y canales de navegación) por peaje, nuevas usinas, nuevas obras de regadío por las que se pueda cobrar un canon de riego y otras similares que encajen en esta categoría. Seguramente habrá consorcios privados dispuestos a invertir en ellas sus recursos o bancos que encontrarán de bajo riesgo el prestar sus depósitos para que se encaren proyectos con buen retorno de la inversión. Adicionalmente, se puede alentar al sector privado a ser él quien proponga nuevas obras “peajeables” premiando a las consultoras y profesionales que presenten proyectos que finalmente se ejecuten, reconociéndoles el derecho de cobrar del adjudicatario un porcentaje del costo de las mismas o dando cierta ventaja en la licitación a la empresa o consorcio que haya propuesto la obra sacada en licitación (por ejemplo, cierta participación mínima en el consorcio adjudicatario).

            2) Obras “contrimejorables” se incluyen aquí todas aquellas obras públicas que son, al igual que las “peajeables”, a) útiles para la sociedad, b) económicamente rentables, c) financiables por una empresa privada pero que al terminarse la obra, su costo no es cobrable por el constructor y concesionario mediante un peaje o tarifa, porque lo que la obra genera no son bienes o servicios vendibles sino un beneficio económico permanente que favorece las actividades productivas de una cantidad muy importante de personas. El mecanismo de pago por el beneficiario de las obras en estos casos no puede ser el peaje o la tarifa sino la figura tributaria de la contribución de mejoras que se impone por ley a los propietarios de los inmuebles en proporción a la mejora de la productividad y rentabilidad a obtener por cada uno. En un trabajo efectuado hace unos años en conjunto con el Lic. Fernando D. Mich (publicado en El Cronista, 4-6-87) dimos un ejemplo de este tipo de obras al referirnos a un plan de saneamiento integral de las zonas agropecuarias inundables de la Provincia de Buenos Aires: la Cuenca del Salado y el Oeste bonaerense. El beneficio económico de las obras es en estos casos indudable y está dado por el incremento de la productividad de los campos, lo que permite pagarle al concesionario privado su inversión. La función promocional del Estado en este tipo de obra es similar a la de las “peajeables”, con la diferencia de que en este ámbito (obras de saneamiento, de recuperación de zonas anegables o en proceso de desertificación o erosión, etc.) el terreno está mucho más inexplotado para la participación privada y es dable esperar que a nivel nacional y de provincias puedan identificarse rápidamente muchas obras de esta naturaleza y sean sacadas en licitación. Cabe al Estado en estos casos a) identificar y promover la identificación de proyectos, b) convocar a licitación de antecedentes técnicos, c) adjudicar las obras al consorcio calificado que exija cobrar el menor canon anual para el recupero de su inversión y d) dictar la ley que imponga la contribución de mejoras a los beneficiarios de las obras en proporción al beneficio a obtener por cada uno y que establezca la autorización al concesionario privado para percibir de aquellos su pago anual durante un período determinado de años. La convocatoria y participación del sector privado en este tipo de obra, hasta hoy fundamentalmente reservada al Estado, evitaría postergar muchas realizaciones importantes, y la consiguiente creación de empleo, hasta el momento en que el fisco contara con los recursos genuinos para afrontarlas.

            3) Obras “impuestables”: entran en esta categoría todas aquellas obras públicas que son socialmente útiles pero no arrojan un beneficio económico inmediato ni cobrable a sus beneficiarios. Típicamente su financiación se efectúa a través de lo recaudado por impuestos, encuadrándose aquí las obras que hacen a la infraestructura social del país: hospitales, escuelas, edificios para la justicia, policía, cárceles, etc. La propuesta en este caso es identificar aquí los proyectos más urgentes que hayan quedado postergados por restricciones presupuestarias y licitarlos para ser financiada su construcción por empresas privadas, estipulándose el pago futuro por el Estado con recursos genuinos en ejercicios en que los presupuestos nacional y provinciales puedan atender erogaciones y que hoy no pueden hacerlo sin incurrir en déficit. La ley de presupuesto de cada año debería establecer una partida de erogaciones para atender específica y prioritariamente las obligaciones derivadas de la construcción de obras públicas en años anteriores con este sistema de pago. El sector privado estaría financiado aquí una inversión necesaria en infraestructura social a cambio de un pago futuro y seguro.

            Conclusiones: En los tres tipos de obra pública descriptos es el sector privado el que acude a financiarlas. En todos los casos hay una rentabilidad que atrae al capital privado y/o puede movilizar recursos de financiaciación que hoy pueden estar ociosos en los bancos esperando financiar proyectos rentables y seguros. En el caso de obras “peajeables” y “contrimejorables” la empresa privada se cobra del futuro beneficio económico que produce la obra, en un caso a través del cobro de un peaje o tarifa y en el otro a través del cobro de una contribución de mejoras. En el caso de las obras “impuestables” el Estado le paga a la empresa privada con recursos genuinos (impuestos) a recaudar en ejercicios futuros a partir de la terminación de la obra. Lo más importante es el esfuerzo estatal y privado por identificar oportunidades de hacer obras y comenzar su realización. El objetivo en todos los casos es claro: contribuir a paliar el problema de la desocupación promoviendo obras que generen empleo y satisfaciendo necesidades en materia de infraestructura económica y social.


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